La plaga de abusos sexuales del clero católico tuvo un nuevo capítulo jurídico el pasado 16 de enero, al comparecer representantes de la Santa Sede ante el organismo de la ONU encargado de monitorear el cumplimiento de la Declaración de los Derechos del Niño por parte de aquel estado.
La designación del papa demagogo pareció dejar en el olvido el conjunto de tropelías y crímenes sexuales del clero contra miles de niños y niñas en todo el mundo, los mismos que dicen proteger desde el momento de la concepción.
Mientras en Vaticalia (término acuñado por el periodista Miguel Mora), y sus sucursales campea a sus anchas el gatopardismo ideológico, el sentimentalismo religioso, y un infantil “clima de esperanza”, los organismos internacionales que trabajan dentro del marco de la adultez y responsabilidad jurídica, hicieron comparecer en la ciudad de Ginebra a los representantes del estamento clerical, el mismo que hundió a la institución en una crisis terminal que, a base de demagogia y propaganda, tratan de revertir por todos los medios.
Si bien haber comparecido y “dar la cara” fue un hecho histórico, no lo fueron las respuestas ni las explicaciones de parte del estado teocrático. Y no lo fueron porque, no obstante la pavoneada “tolerancia cero” que supuestamente impera en la institución, las causas que han motivado semejante cúmulo de aberraciones continúan.
Malos antecedentes
Por ser firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1990, la Santa Sede debe presentar informes cada cinco años. No obstante, sólo presentó dos: en 1995 y 2011, lo que demuestra la renuencia en transparentar la situación.
Por su parte, en el mes de noviembre de 2013 tenía la obligación de informar al Comité de Derechos del Niño las investigaciones internas relativas a los abusos sexuales cometidos por el clero. Sin embargo, recurriendo a una “chicana” jurídica, informó que no las revelaría a menos que fuesen solicitadas por un gobierno o Estado, como parte de sus procedimientos legales.
Justificaron su respuesta en que sus investigaciones son privadas, no pueden ser compulsadas por el público, todo con la finalidad de proteger al acusado, a los testigos, y la integridad del procedimiento de la iglesia; también para “respetar” a las víctimas. Patrañas clericales derivadas de un procedimiento canónico armado para amparar a los delincuentes.
Con estos malos antecedentes, se llegó a la audiencia pública del 16 de enero de 2014 donde hubo otro penoso show de fingimiento e hipocresías vaticanas.
Los reyes de la trampa
El representante de la santa sede ante la ONU, mostró una primera carta: “Se encuentran abusadores entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo y, más lamentablemente, incluso entre miembros del clero y otro personal de la iglesia. Este hecho es especialmente grave, ya que estas personas están en posiciones de gran confianza y son llamados a promover y proteger todos los elementos de la persona, como la salud física, emocional y espiritual" (1).
La falacia, que generaliza algo particular, fue expuesta sin ningún complejo. El punto es que no se los interrogaba sobre todos los ámbitos donde se producen abusos sexuales, sino de los que llevan a cabo sacerdotes católicos, encubiertos por la multinacional religiosa.
La segunda engañifa vino por el lado de quién tiene competencia para juzgar los delitos de abuso sexual del clero: “investigar y juzgar estos delitos corresponde a los Estados donde han tenido lugar”, ¡no faltaba más! Por lo tanto, la Santa Sede no tiene por qué informar.
“Cuando la Santa Sede accedió a ratificar el tratado, no lo hizo en nombre de todos los católicos del mundo. Cada miembro de la Iglesia Católica está sujeto a las leyes del país en el que vive”, dice el documento presentado. Esto es correcto si se enfoca la legislación civil.
Sin embargo, si se tiene en cuenta la legislación canónica, el fiel católico abusado sexualmente está sujeto a las leyes impuestas por la autoridad religiosa y debe someterse a las mismas por ser un deber regulado en el estatuto jurídico común de dichos fieles. Ergo, podría hacer dos denuncias en dos fueros distintos: el civil y el canónico. Lo que el Comité de la ONU requirió, fue información sobre el fuero canónico, no del civil.
Luego del show de las evasivas y el fingimiento, el director de la Oficina de Prensa y portavoz de la Santa Sede publicó una nota donde manifestaba el comportamiento “ejemplar” de las autoridades vaticanas relativas al asunto. Por supuesto, puso como ejemplo (para distraer), al papa demagogo: ““¿Qué jefe de los 193 "Estados" del Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño, puede representar mejor testimonio y eficaz aval que el Papa Francisco y su amor tan fuerte por la infancia?” (2).
Más allá de la típica cursilería de un preboste vaticano, nadie le recordó al vocero que de ser ciertos sus elogios deberían avisarle al papa Francisco que aquel “amor tan fuerte por la infancia” podría manifestarlo en su país natal, informando dónde fueron a parar los bebés robados en los centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar-católica.
Las causas de la plaga: intactas
Recordemos el “modus operandi” de la Iglesia Católica en materia de abuso sexual contra niños/as y jóvenes producto de la relación de poder y subordinación ejercida por los sacerdotes abusadores.
Puede sintetizarse en el “decálogo” mencionado por Pepe Rodríguez: 1) averiguación discreta de los hechos; 2) inicio de acciones disuasorias con el agresor y la víctima; 3) encubrimiento del agresor y de los hechos antes de que afloren; 4) toma de medidas para reforzar el ocultamiento; 5) negación de los hechos cuando se hacen públicos; 6) defensa pública del agresor sexual y atribución de méritos; 7) descalificación pública de la víctima y de su entorno; 8) atribución paranoide de las acusaciones a campañas orquestadas por “enemigos de la iglesia”; 9) posibilidad de negociación con la víctima; 10) protección del abusador sexual” (3)
Ese método delictivo, avalado por la normativa canónica que aplicaron los más grandes encubridores de curas pederastas - Juan Pablo II y su cardenal Ratzinger -, estuvo (y está), acompañado por un sistema jurídico preparado para proteger a los curas delincuentes.
Dicho sistema viola las más elementales reglas del debido proceso y defensa en juicio, desde el momento en que la víctima no tiene plena participación en el procedimiento que inician los obispos, sobre todo, el derecho a informarse de modo fehaciente del estado procesal de la investigación. Algunos ejemplos: asistir a las audiencias testimoniales; compulsar las pericias psicológicas que se hicieren al delincuente; tachar testigos; compulsar legajos personales de los curas abusadores. Nada de eso pueden hacer las víctimas, ni sus abogados.
A ello se suman la indeterminación de las sanciones que pueden ir desde una amonestación (incluida una “palmadita” en la espalda, por ejemplo), hasta la expulsión del clérigo; todo depende del capricho del obispo. He ahí la ilegalidad. Las sanciones penales no pueden ser indeterminadas, como tampoco pueden dejarse al arbitrio de un jerarca.
El procedimiento canónico en la materia, sea administrativo o judicial, es un monumento a la violación de derechos humanos elementales.
Tolerancia cero: un burdo maquillaje
Sara Oviedo, investigadora principal sobre derechos humanos del Comité, sostuvo: “Teniendo en cuenta la política de “tolerancia cero” de la Iglesia católica con los abusos… ¿por qué se hicieron “esfuerzos por cubrir y ocultar este tipo de casos?”. Se equivocó la investigadora. Partió de una premisa falsa: que exista “tolerancia cero” contra los abusadores. Pecó de ingenua.
Desde que se hiciera público el problema (año 2000 en Boston), hasta las “nuevas” medidas adoptadas por Ratzinger, no existió “tolerancia cero” propiamente dicha en la iglesia. Primero, porque la Santa Sede se ampara en su propia legislación, como se dijo, violatoria de derechos humanos; segundo, porque no ha puesto a disposición de las víctimas, de los organismos internacionales, ni de los propios católicos sus archivos secretos; y tercero, porque sigue vigente la Instrucción Secreta “Continere”, aprobada en 1974 por Pablo VI, que dispone el “secreto pontificio” a todos aquellos involucrados en las investigaciones sobre abusos sexuales.
El resto de las nuevas disposiciones - subidas, incluso, en la página web de la Santa Sede - son un maquillaje para aparentar “preocupación” por las víctimas. Y Francisco, el papa demagogo, sigue esta línea, por más gestos, palabras bonitas, buenos sentimientos, y comisiones integradas por sotanas y laicos serviles que haya formado.
Lo que oportunamente llamamos “cuestión sexual” del clero católico, una de cuyas implicancias son los abusos sexuales, sigue intacta en la Iglesia Católica. Y continuará así por la sencilla razón que no hay control externo de los actos de la autoridad episcopal, ni cambio en su ideología. En una monarquía absoluta, los súbditos sólo obedecen, y sin chistar. No les importan las personas, les importa la institución; para eso trabajan desde el siglo IV dC. El fraude hay que mantenerlo en el tiempo, cueste lo que cueste.
Mientras el rebaño aplaude al papa demagogo por sus gestos “humanos”, y es engañado con mensajes donde se ratifica la tolerancia cero hacia los curas abusadores, miles de víctimas siguen esperando justicia real y efectiva.
Tal vez, lo que suceda es que aquellos idólatras papales quieran lavar rápidamente las manchas que tienen en su conciencia, surgidas por su propia cobardía y omisión. Pero ni estas, como tampoco las de semen en las sotanas de los abusadores, se limpian fácilmente. Para hacerlo tienen que aplicar un “jabón” que no conocen, compuesto por transparencia, verdad, y respeto hacia el prójimo, ese que, como en la parábola del buen samaritano, no se cansan de ignorar y abusar.
Notas
(1) “El Vaticano esquiva las preguntas de la ONU sobre abusos a niños”, en www.sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/16/.../1389868856_124714.html
(2) “No hay excusa para cualquier forma de violencia o explotación de los niños”, en www.zenit.org
(3) RODRÍGUEZ, Pepe, Pederastia en la Iglesia Católica, Ediciones B, Madrid, 2002, página 256 y ss.
* Experto en temas religiosos
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